La Ley Sabina es una reforma impulsada por la activista Diana Luz Vásquez Ruiz, quien comenzó su lucha para que su expareja asumiera sus responsabilidades económicas y reconociera a su hija, Sabina. Esta reforma llevó al Senado a modificar el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que los derechos alimentarios incluyan la satisfacción de las necesidades básicas de sustento y supervivencia.
La aprobación de esta reforma obliga a las autoridades a requerir un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para ciertos trámites y procedimientos. Este documento será necesario para obtener licencias de conducir, pasaportes, postularse a cargos políticos, ocupar posiciones como jueces, y realizar trámites notariales relacionados con compraventa de inmuebles, derechos reales y solicitudes de matrimonio.
La Ley Sabina y la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ya han sido aprobadas tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, y solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor. Una vez publicada, la ley tendrá aplicación nacional y deberá implementarse en un plazo de 300 días.
Además, los Congresos locales y los Tribunales Superiores de Justicia deberán armonizar sus leyes y emitir normativas para que las autoridades puedan cumplir con lo establecido en la ley. Es importante señalar que algunas entidades federativas, como la Ciudad de México, Chiapas y Coahuila, ya cuentan con registros similares. Estos registros buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, facilitando que los responsables cumplan con su deber.
La implementación a nivel nacional ampliará y unificará estos esfuerzos, asegurando que las medidas para proteger los derechos alimentarios se apliquen de manera uniforme en todo el país.
El paquete de reformas incluye medidas para sancionar a hombres que abandonen a sus parejas embarazadas y refuerza las acciones contra deudores alimentarios. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP deberá monitorear e informar sobre los casos en los que los deudores utilicen prestanombres, se nieguen a pagar pensión, e investigar sus ingresos y cuentas cuando afirmen no tener trabajo.
Estas reformas buscan frenar la impunidad de los deudores alimentarios, permitiendo que las autoridades migratorias les impidan salir del país si tienen obligaciones incumplidas. Además, los agresores que ejerzan violencia vicaria, una forma de violencia que afecta a los hijos para dañar a la pareja, perderán la patria potestad de los menores.
En conjunto, estas reformas refuerzan las herramientas legales para proteger los derechos de madres e hijos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y castigar la evasión de responsabilidades.
Fuentes:
Hechos Derechos 