El cannabis es una planta muy consumida en el mundo, a pesar de ser ilegal en algunas regiones. En América Latina son siete países que permiten su uso medicinal, entre ellos Argentina y Colombia, y sólo Uruguay lo hizo también de forma recreativa.
En México se aprobó por los senadores un dictamen para regular su consumo, sólo falta que los diputados la aprueben. No obstante, en esta ley también hay regulaciones que han causado polémica, ya que se asegura siguen criminalizando al consumidor.
¿Qué dice la ley que la regulariza?
En noviembre del 2020 el Senado de México aprobó con 82 votos a favor el dictamen que aprueba la Ley General para la Regulación del Cannabis. Ordena la creación el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y de igual manera se modificarán, reformarán y adicionarían artículos a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
También se estipula que por persona se puede poseer un máximo de 27 gramos de marihuana, así como seis plantas en un hogar sólo para uso personal, ocho si se vive con alguien más, sin necesidad de registrar las semillas.
Se permitirá fumarla en espacios públicos, en áreas interiores de trabajo, universidades e instituciones de educación superior siempre y cuando sean zonas exclusivas al aire libre. También se podrán crear clubes de uso recreativo de entre 20 y 50 socios mayores de 21 años.
La venta de medicamentos controlados que la contengan sólo se le permitirá a las farmacias y no se podrán vender cigarrillos sueltos ni consumir enfrente de ni por menores de edad o en instituciones educativas públicas y privadas de nivel medio o medio superior.
Sigue la criminalización de los consumidores
Existen diversas quejas al respecto de lo que estipula la ley que regula el consumo de la marihuana, ya que aún se permiten sanciones administrativas y penales. Si se posee de 28 a 200 gramos de marihuana puedes ser acreedor a una multa de entre 5 mil 200 a 261 mil pesos mexicanos. En caso de poseer más de 200 el usuario puede terminar en la cárcel.
Además, las empresas que decidan emprender con productos hechos de ella o venderla necesitarán cumplir una serie de requisitos.
Se dice que aunque permitirá su venta y consumo, sólo lo hará de manera poco accesible en zonas exclusivas y privilegiadas. Se provocaría que siguiera la criminalización de quienes la consumen, ya que permitiría espacios de extorsión, lo cual dejaría desprotegidos a campesinos, pacientes, usuarios de zonas pobres, jóvenes y mujeres, y crearía más desigualdad, ya que sólo beneficiaría a las industrias transnacionales que sí pueden pagar los costos anteriormente mencionados, mientras que se perjudicaría a las comunidades cultivadoras que no pueden hacerlo.
Fuentes:
https://verne.elpais.com/verne/2020/11/23/mexico/1606172375_050021.html
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